El mercado de préstamos en España se encuentra en un proceso de modernización normativa sin precedentes, impulsado por la necesidad de armonizar la legislación nacional con los estándares europeos. Tras años de postergación, el país afronta un cambio de paradigma que promete mejorar tanto la salud financiera de las entidades como la situación de los prestatarios.
La Directiva (UE) 2021/2167 se aprobó el 24 de noviembre de 2021 con el fin de regular la actividad de administradores y compradores de créditos dudosos en toda la Unión Europea. Sin embargo, España se convirtió en el último miembro en adaptar su normativa, generando una clara brecha regulatoria y protección al consumidor por debajo de la media comunitaria.
Este retraso no solo afectó la confianza de los inversores, sino que también incentivó la llegada de operadores poco rigurosos, dispuestos a aprovechar la laguna legal. Como consecuencia, muchos consumidores se vieron expuestos a prácticas opacas y recargos abusivos.
El 14 de marzo de 2025 se hizo público el Proyecto de Ley de administradores y compradores de créditos, una iniciativa legislativa que modifica la Ley de crédito al consumo, la Ley de crédito inmobiliario, la Ley de supervisión de entidades de crédito y la Ley Concursal.
Entre sus principales objetivos se encuentra reforzar la protección de los consumidores y garantizar la aplicación homogénea de la normativa europea. Para ello, se prevé la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, encargada de gestionar reclamaciones de manera gratuita y extrajudicial.
El texto incorpora además requisitos de gobernanza adaptados a la complejidad de los mercados modernos, buscando prevenir conflictos de interés y asegurar la transparencia en cada operación.
El proyecto amplía el alcance de la regulación para cubrir de manera exhaustiva todos los tipos de créditos y operadores relevantes:
Con esta definición precisa se evita cualquier excepción que pudiera debilitar la seguridad jurídica a todos los actores y se uniforman las reglas de juego en el mercado español y europeo.
Las nuevas reglas establecen estándares rigurosos para quienes deseen operar como administradores o compradores de créditos dudosos. Entre ellos destacan:
Los administradores existentes disponen de un plazo de 3 meses tras la entrada en vigor para solicitar la autorización, facilitando una transición ordenada y sin interferir con la gestión corriente de los créditos.
Una de las piedras angulares de la iniciativa es blindar los derechos de los prestatarios frente a posibles abusos. Para ello se incluyen:
Todo ello se acompaña de límites estrictos a los intereses de demora en el crédito al consumo, donde se prohíbe la capitalización y se fija un recargo máximo de tres puntos porcentuales sobre el tipo ordinario.
La normativa impone a los prestamistas la obligación de ofrecer planes de pagos para colectivos vulnerables antes de iniciar acciones judiciales o exigir el pago total de la deuda. En especial, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital recibirán propuestas adaptadas a su capacidad de pago.
Con esta medida, el legislador busca evitar el sobreendeudamiento y la exclusión financiera, promoviendo soluciones sostenibles y responsables que refuercen la cohesión social.
El Banco de España asume un rol central en la vigilancia y control de la nueva normativa. Se establecen diferentes categorías de infracción:
– Infracciones muy graves: revocación de autorizaciones, multas significativas y prohibición de operar.
– Infracciones graves: sanciones económicas, advertencias formales y limitaciones temporales de actividad.
– Infracciones leves: requerimientos de subsanación y sanciones moderadas.
Este régimen disuasorio pretende garantizar el cumplimiento estricto y preservar la confianza de los consumidores e inversores.
Con la ordenada venta de créditos dudosos, las entidades podrán sanear sus balances y liberar recursos para nuevas operaciones de préstamo. Esto favorecerá la solvencia bancaria y el flujo de financiación a empresas y particulares.
La creación de un mercado secundario transparente y regulado atraerá a inversores nacionales e internacionales, impulsando la compra de carteras de activos problemáticos bajo criterios claros y homogéneos.
En última instancia, esta dinámica fortalecerá la resiliencia del sistema financiero español frente a posibles crisis futuras.
El Gobierno trabaja de forma paralela en la regulación del préstamo de valores para instituciones de inversión colectiva, con el fin de ordenar esta actividad y mejorar la eficiencia de los mercados de capitales.
Asimismo, las reformas procesales en materia de crédito revolving y restitución de intereses buscan agilizar los procedimientos judiciales y ofrecer mayor seguridad al consumidor, reduciendo la litigiosidad excesiva.
El primer trimestre de 2025 mostró una ligera relajación en las condiciones de concesión de préstamos, pero el desafío consiste en mantener un equilibrio que facilite el acceso al crédito sin comprometer la prudencia financiera.
La transposición de la Directiva (UE) 2021/2167 mediante este Proyecto de Ley constituye un hito para el mercado de préstamos en España. No solo soluciona la histórica brecha regulatoria acumulada, sino que establece un sistema robusto, transparente y justo para todos los actores.
La creación de una autoridad independiente, la exigencia de altos estándares de gobernanza y la incorporación de mecanismos extrajudiciales de reclamación reforzarán la confianza de consumidores e inversores.
En un contexto global donde la estabilidad financiera es esencial, España da un paso firme para convertirse en un referente en la gestión responsable de créditos dudosos y en la promoción de un sistema crediticio sostenible y competitivo.
Referencias
