En un mundo en constante transformación, la inversión en infraestructuras se erige como la base para impulsar el desarrollo económico, social y ambiental. Desde el transporte hasta la energía, cada proyecto actúa como un catalizador de progreso, mejorando la calidad de vida y consolidando territorios.
Al unir voluntades públicas y privadas, podemos afrontar retos globales y locales de forma coordinada, promoviendo empleo, productividad y sostenibilidad.
De acuerdo con el Informe Global Infrastructure Outlook, el mundo requiere destinar cerca del 3,5% del PIB anual a infraestructuras durante la próxima década. Esta cifra busca atender tres grandes desafíos:
El impacto inmediato de estas inversiones se refleja en el empleo y la demanda: 1 mil millones genera 35 mil empleos en construcción y servicios asociados. A largo plazo, se reducen costes operativos, se acelera la productividad y se fortalece la competitividad regional.
Proyectos que elevan la velocidad media en redes viales —por ejemplo, de 70 a 80 km/h— ahorran más de 100 millones de horas al año en desplazamientos y optimizan la conectividad global.
España enfrenta el reto de movilizar 119.800 millones de dólares en la próxima década, partiendo de un total de 500.000 millones destinado a los grandes mercados europeos. De esta cifra, el 79% debe focalizarse en la infraestructura vial y mantenimiento básico, mientras que el resto se orienta a modernizar ferrocarriles y puertos con miras a la descarbonización.
Aunque la inversión total superó los 300.000 millones de euros en 2024, la inversión pública en infraestructuras se estanca en el 15% del total, evidenciando deficiencias en planificación y ejecución. La sobrecapacidad en algunos puertos y aeropuertos convive con proyectos críticos pendientes de financiación.
El efecto multiplicador es claro: cada euro público invertido en carreteras incrementa en un 40% la productividad de factores privados vinculados al transporte y la logística.
La región latinoamericana necesita 150.000 millones de dólares anuales para cerrar brechas en infraestructura, pero enfrenta un panorama complejo:
La brecha de inversión debe crecer del 1,8% al 3,12% del PIB (+70%) para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, implicando un esfuerzo de 2.220.740 millones de dólares hasta 2030.
En 2024, la IED alcanzó 173.000 millones de dólares, con una caída interanual del 9%, aunque los proyectos greenfield en energía renovable, minería y automotriz mostraron dinámicas positivas en Brasil, Argentina y Colombia.
Países como México lideran con proyectos emblemáticos: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, con 2.800 millones de dólares, redefine rutas comerciales y alivia la presión sobre el Canal de Panamá. En Perú, el crecimiento del PIB al 3,5% en 2025 refleja más de 57.000 millones en obras públicas y minería.
Eliminar las barreras y maximizar beneficios exige una visión integral. Según el FMI, cerrar las brechas de eficiencia puede sumar entre un 1,5% y un 7% extra de crecimiento, dependiendo del país.
Tanto gobiernos como empresas y comunidades deben alinear estrategias y compartir riesgos. Estas acciones concretas impulsan resultados:
Invertir en infraestructuras no es un gasto, sino una apuesta estratégica que cimenta el futuro económico y social de las naciones. Al coordinar esfuerzos y enfocar recursos en proyectos de alto impacto, creamos empleo, mejoramos la productividad y construimos territorios más resilientes y sostenibles.
La movilidad eficiente, el acceso a la energía limpia y la conectividad digital son los pilares sobre los que edificar un crecimiento inclusivo. Cada iniciativa cuenta: tu compromiso puede marcar la diferencia en la construcción del mañana.
Referencias
